2023 es un año clave en la política de Colombia. En octubre de este año el país concurrirá a las urnas en una contienda territorial en búsqueda de gobernar los entes territoriales, tales como Gobernaciones y Alcaldías, así como ocupar un escaño en las diferentes corporaciones como las Asambleas Departamentales, Conejos Distritales y Municipales y las Juntas Administradoras Locales . Para comprender el contexto de esta elección clave es preciso tener en cuenta elementos fundamentales que caracterizan la política colombiana y ordenan la competencia electoral.
El sistema político colombiano presenta una alta concentración del poder en un reducido grupo de familias tradicionales, una élite cerrada y socialmente homogénea. En Colombia nunca se produjo un proceso emancipador en el que las élites se vieran forzadas a abrir espacio a las demandas de los sectores populares para incluirlas en su proyecto de país. Lo que más cerca estuvo de eso fue la emergencia del liderazgo popular de Jorge Eliécer Gaitán, el cual fue asesinado, cuando era candidato presidencial, y desató el ciclo de violencia que recién ahora comienza a cerrarse. Por el contrario, los mismos apellidos se repiten de generación en generación ocupando los espacios de máximo poder político, totalmente vedados para el resto de la población. Eso explica que a pesar del ciclo de crecimiento de la economía y de la estabilidad democrática, Colombia sea el segundo país más desigual en la región y de los más desiguales del mundo.
El reverso de tal concentración de poder en pocas manos es el desencanto estructural de la ciudadanía colombiana con la política. Las instituciones colombianas atraviesan una crisis de legitimidad de larga data, que se expresa en datos contundentes: tres de cada cuatro colombianos se declaran insatisfechos con el funcionamiento de la política en su país y más en su región, nueve de cada diez tienen una opinión negativa sobre los partidos y movimientos políticos y cinco de cada diez se declaran “apolíticos”. Existe una mayoría silenciosa de ciudadanos que no se siente interpelada o que encuentra obstáculos para participar de los procesos electorales. Por ejemplo, en las últimas cinco elecciones de alcaldes en Medellín fueron más los electores que no acudieron a las urnas que los que sí lo hicieron (en promedio el 46 %). Sumado a ello, el Estado colombiano no tiene capacidad plena de garantizar los derechos políticos de líderes sociales y dirigentes políticos, y tampoco el derecho al sufragio a todos los ciudadanos, como lo viene documentando la Misión de Observación Electoral (MOE) en reiterados informes. Asesinatos de líderes sociales y dirigentes políticos, amenazas constantes a los candidatos en las regiones y subregiones, en diferentes comunas y barrios, desplazamiento de los sufragantes, intimidación por votar xx candidato, se suman a otros hechos de violencia registrados en la campaña electoral.
La competencia electoral está dominada por redes clientelistas que administran el poder político. En buena parte del territorio colombiano, los partidos y movimientos funcionan principalmente como “sellos” para avalar candidaturas y como el sostén económico de cacicazgos locales que manejan discrecionalmente el acceso a los cargos. Son las famosas “maquinarias” de los partidos y movimientos políticos.
En octubre el “voto de maquinaria” tendrá un peso relevante que no se ve reflejado en los sondeos. Los resultados de las legislativas y presidenciales dejaron algunas pistas al respecto. No obstante, ese peso debe relativizarse en tanto que cuantas asambleas y concejos; alcaldías y gobernaciones no son elecciones de naturaleza equiparable. Mientras que en las segundas, el vínculo directo en el territorio hace que la transacción sea más efectiva ya sea por una coacción más controlada o por promesas de mejoras locales que afectan el día a día de los electores, en las elecciones de alcaldes y gobernadores es esperable que los electores definan su voto en función de otros factores.
Un factor de la política en Colombia es el miedo y los significantes construidos en torno al conflicto armado. Las etiquetas ideológicas han sido históricamente utilizadas por las élites del pais para incidir negativamente en la demarcación de las identidades políticas. En particular, las etiquetas de la “izquierda”, “centro” o “derecha”, que a lo largo de la última década ha servido para estigmatizar las ideas ubicándolas todas en una cadena de significantes negativos que han mostrado una alta efectividad para expulsar del espacio público los debates fundamentales de la democracia en los territorios. Eso no implica que no aniden en la sociedad ideas y valores de pais. La población colombiana no es “una sociedad de derecha, centro o izquierda”, como difunde habitualmente las redes sociales y los comentarios de pasillo. Lo que hay es una orfandad política de ese espectro ideológico que, hasta ahora, no ha encontrado cómo articularse en una identidad política que lograra sortear el estigma de la violencia. Y es que en Colombia y las diferentes regiones del pais, la violencia ha sido el gran disciplinador social utilizado para eliminar la diferencia, de manera tal que la crítica a lo establecido equivale a situarse en una zona de peligro físico y estigma social.
Las campañas que se avecinan en Medellín y Antioquia pugnan por instalar como eje de la elección el sentimiento antisistema de los ciudadanos comunes contra las élites. El Estado colombiano está cooptado desde siempre por una élite corrupta que bloquea el desarrollo, privilegiando los intereses económicos de una minoría que mantiene al país sumido en la exclusión.
Existen hoy en día muchos candidatos atípicos en términos del marketing político. Lejos de discursos y performances prefabricados, estos candidatos asumen el rol de candidatos profesores, explican la historia de la ciudad y el departamento y se posicionan como unos referentes intelectuales. Sus campañas de infundir esperanzas como antídoto al miedo están siendo profundamente efectiva en interpelar a los jóvenes y a las clases menos favorecidas.
En sus discursos, estos candidatos de la nueva era política de la ciudad o el departamento asocian la violencia a desigualdad social, y reemplazan el eje izquierda – derecha, que no le resulta favorable, por el de política de la muerte versus la política de la vida. Así confrontan la política de la élite tradicional con la que propone una Medellín o una Antioquia mejor donde introducen fuertemente la agenda ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el área metropolitana.
En el actual contexto de deslegitimación de las instituciones, estos candidatos de derecha, izquierda, centro, tradicionalistas o independientes, representan y canalizan el sentimiento de hartazgo generalizado con la política tradicional en nuestro territorio local.
En definitiva, el crecimiento de candidatos como Correa, Cañas, Restrepo, Bazurto, Pérez, Corredor, Tobón, Rendón, Ramos, Molina, Aguinaga entre otros para la Alcaldía de Medellín, y en las cuales en próximas semanas en parte depende de que FICO deje de aparecer como una opción viable, una tendencia que se viene observando en los últimos sondeos y que podría seguir profundizándose. Ello no es descartable, porque si bien FICO es el candidato, mejor posicionado en términos de imagen y transversalidad del voto, viene de ser candidato a la Presidencia de la Republica, su propia condición de indefinición ante temas clave y la imagen de su anterior alcaldía lo desdibuja y hacen esos apoyos más endebles.
En este contexto abierto, con el trasfondo de lo que está sucediendo en la actual administración, el crecimiento de las candidaturas a la Alcaldía del Distrito de Medellín y el entusiasmo que genera entre los más jóvenes y adultos son un buen augurio para el futuro de la ciudad y pueden abrir la posibilidad de despertar a la política a esa mayoría silenciosa que hasta ahora parece resignada. La campaña electoral termina a finales de octubre del 2023, pero la verdadera disputa política por superar el marco del miedo y la violencia apenas está comenzando.
Caso contrario se está materializando en el contexto del tema de la Gobernación de Antioquia, en la cual se está generando una gran alianza por un cambio que muchos están esperando y con un apoyo entre comillas “ ” desde Bogotá, que implicaría unos acuerdos programáticos entre varios sectores y grupos políticos del territorio.
Falta mucha tela por cortar y apenas comenzamos un trasegar político y electoral en este año donde tendremos muchos candidatos en el pabellón de quemados políticos y otros disfrutaran cuatro años de un buen aprendizaje y la satisfacción de representar a sus electores y al territorio como tal.